MIGRACIÓN Y CIUDADANÍA

CARLOS S. OLMO BAU
(en: Página Abierta 123 (2002), p. 12-15)

 

Es relativamente fácil estar de acuerdo con Tamar Pitch cuando afirma que la soberanía popular no ha sido nunca más que un mito poderoso, generador, eso sí, de consecuencias reales y profundas. A ella se une otra aseveración no menos sugerente: la de que observamos el colapso de ese mito.

En ese universo mítico de fronteras permeables entre la hipótesis o la declaración retórica y el día a día o la realidad cotidiana, se mueven también conceptos relacionados con la soberanía como el de poder constituyente y el de contrato social que, desde ese ámbito que se antoja irreal, impregnan cuestiones tan "mundanas" como la de la ciudadanía.

Mundana, por lo palpable de su acepción más conocida y usada, aquella que reduce al ciudadano o ciudadana a mero súbdito de un Estado-nación y olvida la coletilla de toda definición tipo diccionario: "que posee capacidad jurídica para ejercer sus derechos políticos". El concepto de marras, sin embargo, está lejos de quedar acotado con esa doble definición, por mucho que recoja los dos rasgos más resaltables de la concepción moderna de ciudadanía.

Fuera de la concepción cotidiana queda la tensión entre una noción de ciudadanía ligada a la idea de igualdad (formal más que real) ante la ley que, a la vez, incorpora el derecho a la diferencia, a la diversidad, a hacer valer las más variadas demandas, intereses o valores..., y una realidad marcada por la desigualdad ciudadana que convierte a buena parte de la población (mujeres, minorías étnicas, personas enfennas, jóvenes, ancianas, pobres ... ) en ciudadanos y ciudadanas de segunda, de tercera, de cuarta, que sufren más una privación (siquiera parcial) de soberanía que de ciudadanía. Privación que implica una serie de dificultades, cuando no imposibilita el propio ejercicio ciudadano, la capacidad de determinar tanto la voluntad como la acción.

Queda fuera, también, el carácter cambiante de la propia noción de ciudadanía, que excede ya el concepto de identidad nacional. No en vano lleva tiempo reformulándose a raíz de procesos complejos como la construcción europea o la tan llevada y traída "globalización", al hilo de modificaciones en las estructuras territoriales y de la redelimitación del papel de los Estados o de la construcción de nuevas identidades colectivas.

CIUDADANÍA, MIGRACIÓN, DESOBEDIENCIA

Entre esos procesos deben incluirse unos movimientos migratorios que trastocan de muy diversa manera los rasgos y contenidos de una cuestión no tan simple.

Sin ir más lejos, las dinámicas de autoorganización, vindicación y protesta de los primeros meses del año pasado irrumpen en la esfera pública erosionando la empobrecedora y simplista sinonimia entre ciudadanía y nacionalidad, que relega la primera a un estado civil pasivo. Y como contrapunto, refuerza, precisamente, la sugerente idea de que la ciudadanía no se posee sino que se ejerce.

Precisamente, la peculiar forma de desobediencia en que se encuadran algunas de las actitudes y acciones tanto de los colectivos de personas migrantes como de los de solidaridad con éstas, es adjetivada "civil" en cuanto que relativa al cives, al ciudadano o ciudadana. Y no se agotan ahí los referentes de un calificativo que aparece también como antítesis de lo militar (en sentido amplio), como opuesto a lo incivil o incivilizado, como contrario a lo criminal ... ; y profundizando en la relación entre desobediencia y ciudadanía, como contrapuesto a natural (esto es, la disidencia tiene lugar no en un momento presocial, sino en una comunidad constituida) y como afinnación no sólo de los derechos, sino de los deberes cívicos de la ciudadanía frente a las posibles injusticias de los poderes.

CIUDADAMA Y DERECHOS HUMANOS

Si la concepción universalista de los derechos humanos que, en teoría, asume y fortalece el ordenamiento jurídico-político emanado de la Constitución de 1978, permite fundamentar el pleno reconocimiento de tales derechos a las personas migrantes (independientemente de su condición administrafiva), su ejercicio sitúa a estas personas en el seno de una concepción democrática de ciudadanía.

No hay ni que decir que, más allá del papel, ambos planteamientos entran en contradicción con la denegación o coartación, de hecho, de tales derechos en función de si se es nacional, europeo comunitario, se está regularizado, etc.

El reducido prisma de la ciudadanía nacional (levemente extendida a la Unión Europea) choca así con la realización práctica de los derechos sociales y políticos reconocidos a las personas por el hecho de ser eso, personas. De esta manera se profundiza y amplía la configuración de una democracia que carece de un concepto universal de ciudadanía, predicable por igual, teniendo en su lugar (como se había apuntado) una ciudadanía fragmentada, distorsionada, desigual... e incluso marginadora y excluyente.

Así las cosas, una efectiva y sincera integración de las personas inmigrantes sólo adquiere visos de realidad si se concibe «como un proceso de creación de nueva ciudadanía» que, independientemente de la nacionalidad, considere ciudadanos y ciudadanas a quienes residan de forma continuada y estable en un país.

Como plantea la Gaceta de Antropología en el editorial de su número 16, el dilema no es otro que seguir considerando a las personas inmigrantes como mano de obra sobreexplotable o, por el contrario, sentar las bases del reconocimiento de la ciudadanía plena para estas personas que, huyendo de la misería o el hambre, de la persecución política o religiosa, de la muerte o el dolor, en definitiva, recalan en las tierras donde habitamos.

La cuestión, pues (continua el editorial, citando a Pajares), «no es si muchos o pocos imnigrantes, aunque la normativa de extranjeriapretendajustificarse asi; el dilema real, frente a la persona inmigrada, está entre aprovechar su condición de extranjera para definirla como inferior y explotarla mejor, lo que sólo puede llamarse racismo, o equipararla como ciudadana de pleno derecho, lo que ya no permitiría explotarla de la misma manera».

La decisión debería ser fácil, al margen de que su realización concreta sea dificil por cuanto exige plantearse muchas preguntas, afrontar numerosos obstáculos legislativos, políticos y económicos, alimentar cambios sociales y culturales...

En cualquier caso, de entre esas dificultades, los cambios jurídicos (empezando por derogar la Ley de Extranjería y terminando por retocar, si es necesario, la Constitución) son lo más sencillo. Pensar un estatuto legal diferenciado (el de residente, por ejemplo) que asegure derechos equiparables a los reconocidos a los nacionales, no es descabellado. Pero dar cobertura legal a la ciudadanía de los no nacidos en territorio estatal es algo necesario, pero no suficiente.

Las mejores leyes no bastan para acabar con las discriminaciones, el racismo y la xenofobia que subyacen al texto legal impugnado, de la misma manera que están presentes en lo más oscuro de nuestras mentes, en el día a día de nuestros comportamientos, aunque no queramos reconocerlo. Con la inmigración sucede un poco como con las personas encarceladas. La reinserción de las personas penadas puede ser un mandato constitucional al legislativo para que éste genere normas que la faciliten. Pero que sea un imperativo legal no significa que sea un imperativo social. La reinserción es imposible -entre otras muchas cosas- porque no surge de una demanda social amplia.

Una sociedad acogedora, integradora, respetuosa con las diferencias, plural, multícultural... sólo será posible si existe una activa demanda social en ese sentido. Mientras, habrá que felicitarse por que el impulso ético-político contenido en el viejo lema de "igualdad para vivir, diversidad para convivir' subsista y se exprese, como lo ha venido haciendo estos meses.