Las personas inmigrantes

son también ciudadanos y ciudadanas

No a la reforma de la Ley de Extranjería

Asociación Pro Derechos Humanos Murcia
y otros



El debate sobre la inmigración y sus consecuencias se ha convertido en un tema central del debate social y político de este último año.

Desde la aprobación por el congreso el pasado mes de diciembre de la actual ley de extranjería (la Ley 4/2000), el Gobierno ha lanzado una fuerte campaña destinada a justificar la necesidad de su reforma.

Según el PP, la inmigración supone un grave problema, frente al cual la actual Ley es ineficaz e incluso negativa. Por ello ha convertido su reforma en un tema prioritario y ha acudido a todo tipo de argumentos con tal de justificarla; fomentando incluso un ambiente social negativo respecto a los inmigrantes y a la inmigración.

De esta forma, cada patera, cada detención de indocumentados o cada cadáver que se recogía en la playa era vinculado por el gobierno a la presión migratoria que padecemos y a los riesgos de avalancha e invasión así como a la incapacidad de la Ley para afrontar esos peligros. La actual Ley, según el Gobierno, produce un efecto llamada, es una especie de Ley coladero que dificulta el adecuado control de las fronteras y además supone un incumplimiento de nuestros compromisos europeos.

Ninguno de estos argumentos resiste la más mínima crítica ni la mas leve confrontación con la realidad.

Porque es obvio que las personas que emigran no se embarcan en pateras por el conocimiento de la Ley. Lo hacen, con una ley o con otra, empujados por la desigualdad Norte-Sur, que ha provocado la miseria para miles de millones de personas en todo el llamado Tercer Mundo, y alentados por la necesidad económica, la suya de buscarse un futuro sin hambre y la del sistema económico en el Norte de cubrir los trabajos mas penosos y precarios.

Por otra parte, es absurdo decir que la Ley no permite el adecuado control de las fronteras cuando el inhumano sistema de entrada en nuestro país, inaccesible en la práctica para los pobres del Sur, no se ha modificado con respecto a la vieja Ley de 1985 (visado y oferta previa de empleo). Y cuando, además, durante todos estos meses hemos visto como la policía ha detenido y expulsado sistemáticamente a cuanto inmigrante sin papeles ha intentado traspasar la frontera.

Tampoco es correcto hablar de incumplimiento de nuestros compromisos europeos, cuando el gobierno viene desempañando más que fielmente el triste papel que el Tratado de Schengen nos ha encomendado: el de guardianes de la frontera sur europea.

Pero quizás lo peor de esta campaña orquestada por el gobierno ha sido la creación de una opinión social más desfavorable a la inmigración y a los inmigrantes. En este sentido no podemos dejar de señalar que los acontecimientos de El Ejido marcan un punto de inflexión de difícil retorno. Y los sucesos de carácter racista se han venido sucediendo en lugares diversos del Estado a lo largo de todo el año. Apuntar que en el crecimiento de estos fenómenos han tenido alguna influencia las múltiples declaraciones y la campaña intoxicadora del gobierno es en este caso perfectamente pertinente.

La Ley orgánica vigente, ante la que hemos sido críticos debido a sus deficiencias y límites en el reconocimiento de los derechos de las personas inmigrantes, podría haber sido, sin embargo, una ley de mínimos a partir de la cual se podría tal vez, y de existir la voluntad para ello, avanzar en un proceso de integración social y de mejor convivencia intercultural.

Pero el proyecto del Gobierno representa un importante retroceso precisamente en los aspectos mas positivos de la actual Ley, pues la reforma se concreta en la reducción de derechos, en el aumento de la discrecionalidad de la Administración y en el endurecimiento de las sanciones.

El recorte de derechos afecta, sobre todo, a los inmigrantes indocumentados. Para empezar se les niegan los derechos sociales y políticos como son los de reunión, asociación, sindicación, manifestación o huelga y se les pretende recortar derechos fundamentales inherentes a toda persona humana.. Además, el proyecto del PP elimina o hace mucho más restrictivas las modestas vías que la Ley vigente ofrece a los indocumentados arraigados para normalizar su situación (como la opción a la documentación después de dos años, acceso a algunos derechos mediante el empadronamiento...). Además del recorte de derechos, el Gobierno vuelve a sancionar con la expulsión a toda persona indocumentada

Pero los inmigrantes regulares también se ven afectados eliminado la equiparación de los derechos "en igualdad de condiciones con los españoles". Incluso se les vuelve a negar la posibilidad de participación en el ámbito municipal del que son vecinos. Igual sucede en lo que respecta a la asistencia jurídica gratuita.

Por otra parte aumenta la discrecionalidad de la Administración, eliminado la obligación de la misma de motivar sus resoluciones. Sin embargo sin motivación se produce una grave indefensión que dificulta o incluso imposibilita el cambio de una decisión errónea o injusta. La denegación del visado, una decisión vital para muchos inmigrantes, sólo se tendrá que motivar en caso de reagrupamiento familiar o trabajo asalariado. Igualmente el PP subordina en muchos casos los procedimientos y garantías al "interés general", o fórmulas parecidas, que favorecen la aplicación discrecional por la Administración, especialmente por la policía.

Estamos pues en un momento clave. No se debe cerrar de nuevo en falso el debate sobre los retos que nos plantea la inmigración, como ocurrió con la aprobación de la Ley 4/2000

Por eso no resultaría lógico en aras de un Pacto pretendidamente de Estado, rebajar los mínimos que contempla dicha Ley desde un falso pragmatismo o desde intereses político-electorales.

El gobierno presenta una imagen unilateral y negativa de la inmigración, que crea recelo y rechazo. Pero hay otra realidad de la inmigración. Las personas inmigrantes que viven y trabajan entre nosotros nos traen cultura a domicilio y también aportan al desarrollo económico. Trabajan, cotizan a la seguridad social -cuando se les hace contrato- y pagan sus impuestos. Economistas, demógrafos y técnicos consideran la inmigración necesaria si se quiere mantener el desarrollo y una sociedad joven y dinámica. Y no hablamos sólo de mano de obra: son personas, nuevos vecinos, nuevas familias..

La inmigración es una realidad estructural, no coyuntural. Una realidad que va a aumentar y seguir durante muchos años. La cuestión es ¿cómo queremos tratar a la inmigración? O, dicho desde otro punto de vista, ¿qué sociedad queremos?

Hay básicamente dos opciones. Una más abierta e integradora, mas flexible y solidaria. Y otra cuyo vector dominante es el represivo y excluyente.

El proyecto del Gobierno y su práctica apunta a la segunda vía. Una vía que tal vez proporcione réditos electorales y dé una imagen de mayor autoridad, pero que no soluciona los problemas, sino que los hace mas graves.

Desde la aprobación de la Ley de 1985 se lleva quince años siguiendo esa vía excluyente y policial. Y los resultados están a la vista: mas irregularidad, más exclusión social, mas sufrimiento y mas muertos.

Es hora de plantearnos un amplio debate social y político que ponga en cuestión los ejes fundamentales de esa política de exclusión y cierre de fronteras. Y el primer paso debe ser paralizar cualquier reforma de la Ley y poner en marcha todos los mecanismos posibles para avanzar en la integración

Ese debate debe comenzar, pues, creando una amplia oposición a la reforma de la Ley, con o sin Pacto de Estado, el cual en estas condiciones sólo puede ser para retroceder. De la amplitud de esa oposición dependerá que en el futuro, si pese a todo el PP impone la reforma aplicando su mayoría parlamentaria, podamos seguir cuestionando con fuerza una Ley de Extranjería que habrá nacido viciada de origen por su carácter de exclusión y violación de los derechos humanos

El 9 de Noviembre en que se conmemora el siniestro aniversario de la "noche de los cristales rotos" en la que se produjo la matanza de judíos en Alemania por los nazis, es una buena fecha para movilizarse e iniciar ese movimiento de oposición..

Y, de esta forma, seguir trabajando para que podamos continuar aprendiendo juntos, nosotros y los inmigrantes, a vivir y construir una sociedad más democrática e integradora.

Andalucía 15 de Octubre de 2000

 

Acción Alternativa
Algarive
Algeciras Acoge
Alicante Acoge
ARI Perú
Asociación Catalana de Derechos Humanos
Asociación Cardijn
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Asociación Pro Derechos Humanos de España
Asociación Pro Derechos Humanos de Murcia
CC.OO.
Centro de Acogida al Inmigrante de Cádiz-Jerez
Centro de Documentación Mugak
CGT
Colectivo Solidaridad con Perú Pachamama
Comisión Diocesana de Migraciones de Cádiz-Ceuta
ECOE
Entrepueblos
Juventudes Marianas Vicencianas
Liberación
Linares Acoge
Plataforma de Asociaciones de Inmigrantes
Proyecto Cultura y Solidaridad
Revolta
Sodepau Barcelona