Los inmigrantes:
frontera de la democracia

José A. Zamora

 

Todos los análisis sobre las dificultades de integración que sufren los inmigrantes en los países occidentales abocan a una cuestión fundamental para explicar la reacción ante la inmigración de las sociedades receptoras: el vínculo histórico entre política y nacionalidad. Lo que están revelando tanto las políticas de extranjería e inmigración como la discriminación y el rechazo xenófobo de los inmigrantes es «la ambivalencia y las falsedades de la cultura política democrática de los países europeos» (Silveira, 2000: 17). El reverso de la apropiación de la idea de "ciudadano" por las identidades estatal-nacionales ha sido la exclusión —más o menos diferenciada y estratificada— de los extranjeros de la ciudadanía plena, exclusión que pone en tela de juicio la radicalidad del proyecto democrático y sus propias ideas motrices. Como ha señalado E. Balibar, «las fronteras del espacio nacional son el lugar en que la democracia se detiene» (1992, 13s). Quizás sea ésta la razón de que el estatuto jurídico de los extranjeros aparezca como una de las sombras más importantes del principio revolucionario de la fraternidad (Oliván, 1998).

El inmigrante como no-persona

Nadie puede negar que existe una contradicción entre considerar el derecho a emigrar como uno de los Derechos Humanos y, sin embargo, convertir la inmigración en una cuestión de soberanía de los Estados y por tanto sometida a su arbitrio, contradicción que se agudiza en contraste con la creciente libertad de circulación de mercancías, dinero y servicios frente a los controles estatales. Las declaraciones de los derechos del ser humano, en la medida en que éstos se configuran como derechos de los ciudadanos de un estado, establecen un vínculo entre nacimiento o vida natural y comunidad política que problematiza automáticamente la identificación entre ser humano y ciudadano. «Las naciones-estados realizan una nueva inversión masiva de la vida natural, porque distinguen en su seno entre una vida por así decirlo auténtica y una vida desnuda desprovista de todo valor político» (Agamben, 2000: 86).

Si bien intuitivamente percibimos al inmigrante como ser humano, persona como nosotros, existen un conjunto de categorías ("extracomunitario", "clandestino", "irregular") que lo despojan de esa condición y lo estigmatizan negativamente como no ciudadano, como no europeo, como no nativo, etc. Los mecanismos sociales, políticos y jurídicos que lo excluyen del reconocimiento de la ciudadanía convierten simultáneamente a quien es objeto de esa exclusión en "no-persona". Por eso los derechos humanos, basados en el reconocimiento de una supuesta universalidad de la persona, no pasan de ser una declaración de principios, porque de hecho ser persona es una variable de la condición social. La desigualdad de trato a los nativos y los inmigrados, «en virtud de la cual algunos extranjeros son excluidos de los derechos civiles fundamentales, es potencialmente la puesta en marcha de un proceso de reducción de ciertas categorías de seres humanos de personas a no-personas» (Dal Lago, 2000: 139).

El "mito" nación y los límites de la ciudadanía

El vinculo entre Estado, nación y ciudadanía es responsable de que el inmigrante sea percibido fundamentalmente como amenaza cultural o como mercancía supeditada a "intereses nacionales" y no como persona sujeto de derechos. Sin embargo, esto contraviene la lógica del Estado liberal democrático, que carece de criterios dirimentes en el conflicto intercultural entre las diversas concepciones de vida buena, a las que ofrece un marco procedimental con garantías para su libre despliegue, siempre que no vulneren las reglas mismas, y tampoco puede supeditar la libre competencia en el mercado a supuestos intereses nacionales sin traicionar sus propios principios. Las fronteras nacionales son un contrasentido para la lógica liberal como ha puesto de relieve con cierta ironía J. Carens, quien vuelve la crítica liberal del orden feudal contra la situación de división actual del mundo sancionada por los límites fronterizos. Para los que nacen en Canadá y en Bangladesh el nacimiento condiciona la vida de un modo no menos determinante que en la edad media nacer noble o siervo de la gleba (1992: 26s). Pero si el vínculo entre Estado, nación y ciudadanía contraviene de esa manera los principios del proyecto democrático liberal, que fue determinante de la configuración de las estructuras políticas en Occidente, ¿cuál es la razón de este vínculo?

Para esbozar un comienzo de respuesta a esta pregunta habría que tener en cuenta que la relación entre la institución del mercado y su lógica estratégico-instrumental/maximizadora de beneficios, los requerimientos de legitimidad racional derivados del sustento consensual del orden social democrático en el Estado de derecho y la existencia de un pluralismo (voluntarismo) de concepciones de la vida feliz o vida buena en un mundo "desencantado" presenta tensiones y conflictos difíciles de resolver y de los que está poblada la historia de las sociedades modernas. Quizás por este motivo el término más recurrente en esa historia sea el de "crisis". A este respecto, el mito "Nación" ha supuesto quizás, en su vinculación con el Estado moderno y en contradicción con los principios que éste establece, el vehículo más importante para asegurar la lealtad de los ciudadanos y la integración de los mismos a pesar de los efectos desigualadores y desintegradores de la lógica del mercado (Iacono, 2000: 107). Y de cara a esta función del mito "Nación" resulta indiferente tanto que se considere a las naciones como "comunidades inventadas" (Anderson 1983), "invenciones históricas arbitrarias" (Gellner 1997) o construcciones históricas que necesitan "factores primarios" no inducibles, como que se vea vinculado su surgimiento al del Estado-nación o se considere independiente de él (Castells 1998, 50ss). Lo que resulta interesante es por qué los Estados de derecho modernos, que han ejercido un papel de referente modernizador bastante universal, están vinculados de hecho a la idea de nación y qué papel juega dicha idea en su constitución.

Por un lado el concepto moderno de ciudadanía es indisociable del principio de voluntariedad, dado que el Estado democrático es una asociación de ciudadanos libres e iguales (Habermas 1993), y en principio el acuerdo democrático en torno al orden social y político debería bastar para garantizar la lealtad al Estado de derecho y los vínculos asociativos. Así mismo, la libre adhesión a ese acuerdo debería ser requisito suficiente para admitir un nuevo "socio". Resulta curioso a este respecto que para la Constitución revolucionaria de 1793, por la que se define la condición de ciudadano francés, bastara con ser adulto y haber vivido en Francia durante un año para que un extranjero obtuviera el derecho de permanencia en el país y los demás derechos activos de ciudadano (Coleman 1995, 78.). Pero tampoco conviene olvidar que la garantía de la libertad y la igualdad de los ciudadanos reposaba para esa misma Constitución en la "soberanía nacional". En este sentido, sería la misma Asamblea que proclamaba la abolición de la esclavitud la que pronto se apresuraría a impedir su aplicación en las colonias. Los "intereses nacionales" resultaban coincidir con los intereses de explotación de los degradados a "salvajes" y excluidos de la ciudadanía. Pero la contradicción de restringir la libertad y la igualdad al ámbito de la nación revela algo más que la exclusión de los no nacionales, los otros, del disfrute de esos derechos. El recurso a la nación resulta imprescindible también hacia dentro de la comunidad política, cuando la igualdad ha de ser meramente civil y la libertad solamente formal (Oliván, 1998: 35). La nación, independientemente de sus supuestos soportes históricos, lingüísticos, culturales, etc., por lo general discutibles y discutidos, supone la más potente ficción de fraternidad y de soberanía compartida capaz de compensar ideológicamente las desigualdades realmente existentes y los límites también reales a la capacidad de libre autodeterminación de los ciudadanos. La nación es la gran aliada y el complemento del derecho moderno, cuyo artificio de igualdad en droit «libera de la responsabilidad de tomar partido por la justicia (hacia el otro), pero nos vincula a la necesidad de los poderes fácticos» (Barcellona, 2000: 124). Lo que revela la presencia de inmigrados y refugiados en las sociedades occidentales, o quizás mejor, la respuesta de esas sociedades a dicha presencia, son los límites de proyecto político democrático que es supuestamente su seña de identidad y la necesidad del cumplimento todavía pendiente de la igualdad y la libertad contra las poderosas ficciones que las vienen escamoteado hasta el día de hoy.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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M. CASTELLS (1998): La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. II. El poder de la identidad. Madrid.

J.A. COLEMAN (1995): «Una nación de ciudadanos», en: Concilium, nº 262, p. 75-87.

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H. C. SILVEIRA GORSKI (2000): «La vida en común en sociedades multiculturales. Aportaciones para un debate», en: Id. (ed.): Identidades comunitarias y democracia. Madrid, p. 11-43.